El Ecuador está obligado a garantizar el derecho de defensa de sus ciudadanos, de acuerdo a la Constitución y a la firma y ratificación de al menos cinco convenios y tratados internacionales, sobre todo, de dos que son esenciales: Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). La Defensa Pública permitirá que haya un mayor y real acceso a la justicia, de las miles de personas que no tienen dinero para acceder a un abogado.