Con la Constitución de 1998 nació el sistema de justicia oral que reemplazaba al inquisitivo, estableciendo un sistema garantista para los ciudadanos. En ese contexto histórico de la política y de la justicia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) hizo una convocatoria pública a las organizaciones de la sociedad civil para que concursaran por la administración de un fondo para dar sostenibilidad a organizaciones que tenían proyectos relacionados al área de justicia. Es así como el programa Fondo Justicia y Sociedad definió cinco líneas de trabajo que pretendían fortalecer a las instituciones del Estado, crear política pública y promover la participación de la ciudadanía: Acceso a la Justicia, Implementación del Sistema Procesal Penal, Apoyo a la lucha a favor de la transparencia, Impulso a la participación de la sociedad civil y apoyo a los grupos vulnerables en materia de derechos humanos.